lunes, 16 de noviembre de 2009




DEL PERRO DEL HORTELANO AL PERRO CERBERO



Por Walter Palacios Vinces
El Presidente García en artículos publicados en la prensa local y en sus discursos ha enfilado duros ataques contra los opositores a su política neo liberal de entrega y privatización de los recursos nacionales, comparándolos con el Perro del hortelano, aludiendo a un conocido refrán que toma el nombre de una famosa comedia teatral de Lope de Vega.
Ahora, siguiendo con los referentes literarios, podemos afirmar que él mismo se ha convertido es un verdadero perro Cerbero, aquel terrorífico monstruo con cuerpo de dragón, tres cabezas de perro, cola de serpiente y voz de bronce que encontramos en la mitología griega. Después Dante lo coloca, en el canto VI del infierno, en La Divina Comedia, como guardián de los condenados por Satanás. De ahí que se le conozca como el Can Cerbero.
Alan García y los dirigentes apristas que detentan el gobierno asumen el rol de cancerberos manteniendo ilegalmente y durante largos años aislados a presos políticos en la base naval (recinto militar) del Callao; cancerberos que anulan los beneficios penitenciarios de redención de la pena, trabajo, educación, semilibertad y libertad condicional a que tenían derecho los presos políticos en el Perú; cancerberos que trasladan sorpresivamente, sin motivo ni justificación valedera, a presos políticos a la cárcel “especial” de seguridad máxima de Piedras Gordas en los suburbios de Lima; cancerberos que pretenden desconocer derechos que constitucionalmente corresponden a ciudadanos que habiendo sufrido carcelería por motivos políticos, han obtenido su libertad legalmente después de cumplir largas condenas y se reincorporan a sus familias, a sus trabajos, estudios y, en algunos casos, a actividades sociales y políticas legales.
Por el contrario, el gobierno aprista brinda a los delincuentes civiles y militares -con Fujimori y Montesinos a la cabeza- procesados y condenados por graves delitos de corrupción y por cometer crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura, todo tipo de facilidades y trato benévolo y privilegiado que vulnera el ordenamiento legal penitenciario. Así, quedan en evidencia los acuerdos y pactos entre el Apra y el fujimorismo.



MEMORIA Y VERDAD



Triste papel el de los actuales dirigentes del Apra que olvidan como en épocas pasadas, sus líderes y militantes fueron combatidos por la reacción conservadora, sufriendo persecuciones, destierros y encarcelamientos por defender los principios aurorales que enarbolaba su partido. Acusados de conspirar contra el orden establecido, acusados de haber asesinado, entre otros, al Presidente Luís Sánchez Cerro, al director del diario El Comercio, Antonio Miro Quezada de la Guerra, al director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland, fueron algunos de sus militantes ejecutados en juicios sumarios –como en Chan Chan durante la revolución de Trujillo- y otros calificados de delincuentes comunes, agentes comunistas al servicio de potencias extranjeras, puestos fuera de la ley y condenados a largo cautiverio.
¿Lo han olvidado los apristas de ahora?
También olvidan que su partido ha sido el más beneficiado con las amnistías políticas que se han aprobado en el Perú en los últimos 80 años.
Así, el 28 de julio de 1945 al instalarse el gobierno constitucional con el Presidente Bustamante y Ribero en el gobierno, se derogaron todos los dispositivos legales represivos y se aprobó y promulgó la ley de amnistía e indulto general Nº 10220 que benefició a miles de apristas, también a comunistas e izquierdistas que estaban presos o exiliados.
Once años después, el 28 de julio de 1956, terminada la dictadura del general Odría e instalado el segundo gobierno constitucional de Manuel Prado, se derogó la Ley de Seguridad Interior con la que se persiguió a opositores y se aprobó la ley de amnistía general e indulto Nº 12654 que benefició a todos los que lucharon contra el dictador, pero fundamentalmente a los dirigentes apristas que se encontraban clandestinos, desterrados o presos. (a excepción de Alfredo Tello y Héctor Pretel que se encontraban en la penitenciaría de Lima y no fueron puestos en libertad porque estaban sentenciados como autores del asesinato de Graña Garland. En ese caso, la oligarquía no quiso ceder y el Apra no quiso jugarse en defensa de dos de sus cuadros que, siendo inocentes, siguieron injustamente encarcelados por varios años más)
Ya que de amnistías hablamos, hay que recordad también que el gobierno militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado, aprobó en 1970 amplia amnistía para conocidos líderes izquierdistas al aprobar el Decreto Legislativo Nº 18692. Así salieron en libertad revolucionarios como Hugo Blanco, Héctor Béjar, Ricardo Gadea, Elio Portocarrero, entre otros más. Algunos de los liberados habían comandado frentes guerrilleros rurales cuando se alzaron en armas en 1965.
¿Por qué, cómo se explica que ahora, un gobierno como el de Alan García que dice ser de un partido popular y revolucionario como el Apra, aplique una política macartista, de odio y exterminio contra luchadores sociales que, vencidos en las batallas que libraron, se encuentran desde hace años presos y dispuestos a participar en la búsqueda de paz con justicia social y reconciliación que el pueblo peruano quiere alcanzar?


MAS HISTORIA



ivoca quien piense que esta posición reaccionaria y ultraderechista del Apra se da recién en los gobiernos de García Pérez. Viene de más atrás. Así, en 1965 a raíz del levantamiento guerrillero del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), el Apra que dominaba mayoritariamente el congreso en coalición con los odristas, aprobaron la ley de pena de muerte Nº 15590 del 20 de agosto para combatir a los guerrilleros. El Proyecto de ley fue redactado y presentado por apristas y odristas y fundamentado y defendido, principalmente, por los diputados apristas Armando Villanueva del Campo y Andrés Townsend Ezcurra.
Transcribimos fragmentos del artículo 1º de la mencionada ley para que se tenga una idea de los argumentos y alcances que le dieron los apristas al mencionado dispositivo legal:
“Constituyen actos de traición a la patria y servicio a las armas de potencias extranjeras los delitos previstos en los artículos (…) del Código de Justicia Militar, cuando ellos se cometen por peruanos para alterar por la violencia o por medio de guerrillas el orden constitucional, político y democrático de la república para imponer el sistema totalitario comunista. Las penas serán la declaración de sentencia de pérdida de la nacionalidad, de prisión o penitenciería no menor de cinco años , internamiento o muerte (…) La pena de muerte se aplicará, especialmente, en los casos en que los autores hayan realizado estos actos delictuosos en concierto con potencias comunistas extranjeras, o con sus agentes intermediarios, sean estos nacionales o extranjeros, o recibiendo o utilizando caudales, equipos, armas, bastimentos, municiones, explosivos y en general toda clase de armamentos de esas potencias comunistas o sus agentes o intermediarios o utilizando adiestramiento en el arte de la guerra no convencional o sistemas de guerrillas, adquiridos en territorios de potencias extranjeras comunistas. (…)”
Eso fue hace 44 años y su contenido puede igualar y hasta superar dispositivos represivos de excepción dados por las peores dictaduras militares y civiles.
En aplicación de esa ley aprobada por el Apra y otros partidos políticos, se eliminó físicamente a guerrilleros revolucionarios como a Luís de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón Milla, Enrique Amaya Quintana, Máximo Velando Gálvez, Paúl Escobar y a otros guerrilleros miristas. También fueron eliminados los combatientes del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Todo ello, sin respetar los principios del Derecho Humanitario y, por tanto, se cometieron toda clase de tropelías y crímenes de lesa humanidad contra los combatientes y población civil. Como consecuencia de ello, no hubo ningún detenido, prisionero ni herido que fuera presentado ante la prensa, la ciudadanía ni los tribunales. Ni tan siquiera los restos mortales de los caídos en combate y pobladores civiles fueron entregados a sus familiares o indicado el lugar de sus tumbas.
Así han actuado los dirigentes apristas durante los últimos cincuenta años y el pueblo conoce en que lado de la historia se han colocado.



23 de octubre de 2009

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