MEMORIA Y VERDAD
A CINCUENTA AÑOS DE LA MASACRE DE CASAGRANDE
8 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Walter Palacios Vinces
Cinco muertos y cerca de treinta heridos dejó la violenta represión de la policía y tropas del ejército en la hacienda Casa Grande, propiedad de la empresa Gildemeister, en el departamento de La Libertad, al reprimir una huelga de trabajadores. Fue la tarde del 8 de septiembre de 1959.
Han pasado cincuenta años de ese fatídico acontecimiento y el sacrificio heroico del proletariado cañero debe ser recordado ubicándolo en el contexto históri
co en el que tuvo lugar y examinando las consecuencias sociales y políticas que de él se derivaron.
La huelga general se inició el 1º de setiembre de ese año después que la asamblea de trabajadores casagrandinos desconociera el acta de arreglo que la dirigencia sindical había firmado, horas antes, en Trujillo, en el local de la Prefectura Departamental.
En efecto, el Secretario General del sindicato, Migdonio Esquerre Castillo junto con Leonidas Cruzado, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros del Perú, asesorados por el abogado Alfredo Vásquez Siccha, llegaron a suscribir un acuerdo con los representantes de la Empresa: Enrique Dávila y Arístides Zaldivar.
Eran las once de la noche del 31 de agosto cuando el acta fue firmada teniendo como garantes a Álvaro Acuña Chopitea, Prefecto y Humberto Riva Quevedo, Sub Director Regional de Trabajo.
Pero, horas después, en el local sindical, la asamblea de trabajadores al tomar conocimiento de los acuerdos consideró que éstos no recogían sus reclamos básicos y acordó, esa madrugada del 1º de setiembre, decretar la huelga general y no sólo un paro de 24 horas.
Durante las tratativas del pliego de reclamos, la empresa había intentado quebrar la huelga y dividir al sindicato, para esto, convenció con dádivas a determinados servidores haciéndoles firmar acuerdos privados por encima de la representación sindical.
Este hecho provocador fue rechazado por los trabajadores, quienes en defensa de su herramienta de lucha, exigieron se rescinda el contrato de trabajo a los rompe huelga, entre los que estaban: Justo Rodríguez, César Vargas, Manuel Durand y Manuel Potosí.
La empresa adoptó una posición inflexible, intransigen
te rechazando la petición de trabajadores manteniendo en sus puestos a los “amarillos” y presionando para que se trabaje en las secciones establo y almacén, entre otras, solicitando a las autoridades las garantías necesarias.
El Prefecto Álvaro Acuña Chopitea, en coordinación con el Ministro de Gobierno y Policía (hoy, Ministerio del Interior), Carlos Carrillo Smit, dispuso el traslado hacia Casa Grande de numerosos y bien pertrechados contingentes policiales y militares procedentes de Trujillo, Chocope y Talambo. La idea era “imponer el orden” a como diera lugar.
Fue así como al octavo día de huelga las fuerzas represivas actuaron a “sangre y fuego” dejando una secuela de muerte, sangre y dolor. Ante estos trágicos hechos, la dirigencia sindical azucarera, presionada por la dirección aprista departamental y nacional (la mayoría de los sindicalistas de Casagrande militaban en el Apra), levantó la huelga, después que Casagrande se vio obligada a “aceptar la renuncia” de Dávila y Vargas, dos de los trabajadores cuestionados.
El pueblo de Trujillo, en histórico Cabildo Abierto realizado en la plaza de armas, frente al palacio Municipal, en el que hicieron uso de la palabra De la Puente Uceda, Carranza Piedra, Fernández Gasco y otros ciudadanos, se solidarizó con los obreros de Casagrande exigiendo justicia y se acordó declarar duelo en Trujillo, izándose la bandera a media asta.
En aquella época gobernaba el país el Presidente Manuel Prado Ugarteche, apoyado por el partido aprista dentro del régimen denominado de la convivencia instaurado el 28 de julio de 1956. Uno de los Vice Presidentes de la República era Carlos Moreyra y Paz Soldán y como Primer Ministro estaba Pedro Beltrán Espantoso. Estos dos personajes eran conspicuos miembros de la Sociedad Nacional Agraria, gremio empresarial que en esa época representaba a los terratenientes y oligarcas peruanos, mejor dicho, a “los dueños del Perú” como fueran calificados por Carlos Malpica S.S.
Lógico era que el gobierno de la convivencia presidido por Manuel Prado, apoyara y defendiera a los Gildemeister que eran los más grandes terratenientes del país y los mayores productores en el Perú de azúcar y arroz, “propietarios”, además, de un puerto marítimo como Malabrigo y una vía férrea privada.
Cuando dos días después de la masacre, el 10 de septiembre de 1959, decenas de miles de trabajador marcharon al panteón de Casagrande para sepultar a sus hermanos caídos, se escucharon discursos ante los féretros: unos, pidiendo serenidad y calma a los trabajadores para salvaguardar la democracia que, según decían, estaba en peligro, como los pronunciados por Migdonio Esquerre, a nombre del sindicato; Leonidas Cruzado, por la Federación Azucarera; Santiago Tamariz, de la CTP; Teodoro Zavaleta, Alcalde Provincial de Trujillo, y Garrido Malaver en representación del Apra.
Otras intervenciones como la de Baltazar Senador, Secretario General de la Unión Sindical de la Libertad, y, especialmente, la sentida y vibrante alocución de Luís de la Puente Uceda, en representación de la juventud aprista, exigieron enjuiciamiento y sanción para los responsables de la masacre. De la Puente reclamó una reforma agraria efectiva con entrega de tierras a los campesinos y emplazó a los dirigentes de su partido para que deslinden con el gobierno reaccionario y oligárquico de Manuel Prado Ugarteche. Terminó exclamando: ¡Reforma agraria o muerte¡
De la Puente fue sometido a disciplina por la dirigencia aprista, con trámite de expulsión, Ese mismo día se convocó a la IV Convención Nacional del Partido Aprista Peruano la que debía realizarse del 10 al 12 de octubre de ese año.
Diez años después, el 24 de junio de 1969, el gobierno Militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado, expropió la hacienda Casagrande, dentro de las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, promulgada en esa fecha, convirtiéndose en una Cooperativa Agraria de Producción.
El 12 de octubre de 1959, un mes después de la masacre de Casagrande, en la IV Convención Nacional del Partido Aprista Peruano, realizada en Lima, Luís Felipe de la Puente Uceda y un importante núcleo de jóvenes dirigentes presentaron una histórica moción de crítica a la línea política de la convivencia sostenida por la dirección del partido. El documento no fue discutido democráticamente por el plenario y De la Puente y sus compañeros fueron expulsados del Apra.
Ese día surgió en el Perú una nueva corriente política que poco tiempo después se denominó Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que en 1965 tuvo gravitante actuación en una de las experiencias revolucionarias guerrilleras. Pero esa es otra historia que bien vale sea tratada y expuesta en otra oportunidad.
A CINCUENTA AÑOS DE LA MASACRE DE CASAGRANDE
8 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Walter Palacios Vinces
Cinco muertos y cerca de treinta heridos dejó la violenta represión de la policía y tropas del ejército en la hacienda Casa Grande, propiedad de la empresa Gildemeister, en el departamento de La Libertad, al reprimir una huelga de trabajadores. Fue la tarde del 8 de septiembre de 1959.
Han pasado cincuenta años de ese fatídico acontecimiento y el sacrificio heroico del proletariado cañero debe ser recordado ubicándolo en el contexto históri
co en el que tuvo lugar y examinando las consecuencias sociales y políticas que de él se derivaron.La huelga general se inició el 1º de setiembre de ese año después que la asamblea de trabajadores casagrandinos desconociera el acta de arreglo que la dirigencia sindical había firmado, horas antes, en Trujillo, en el local de la Prefectura Departamental.
En efecto, el Secretario General del sindicato, Migdonio Esquerre Castillo junto con Leonidas Cruzado, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros del Perú, asesorados por el abogado Alfredo Vásquez Siccha, llegaron a suscribir un acuerdo con los representantes de la Empresa: Enrique Dávila y Arístides Zaldivar.
Eran las once de la noche del 31 de agosto cuando el acta fue firmada teniendo como garantes a Álvaro Acuña Chopitea, Prefecto y Humberto Riva Quevedo, Sub Director Regional de Trabajo.
Pero, horas después, en el local sindical, la asamblea de trabajadores al tomar conocimiento de los acuerdos consideró que éstos no recogían sus reclamos básicos y acordó, esa madrugada del 1º de setiembre, decretar la huelga general y no sólo un paro de 24 horas.
Durante las tratativas del pliego de reclamos, la empresa había intentado quebrar la huelga y dividir al sindicato, para esto, convenció con dádivas a determinados servidores haciéndoles firmar acuerdos privados por encima de la representación sindical.
Este hecho provocador fue rechazado por los trabajadores, quienes en defensa de su herramienta de lucha, exigieron se rescinda el contrato de trabajo a los rompe huelga, entre los que estaban: Justo Rodríguez, César Vargas, Manuel Durand y Manuel Potosí.
La empresa adoptó una posición inflexible, intransigen
te rechazando la petición de trabajadores manteniendo en sus puestos a los “amarillos” y presionando para que se trabaje en las secciones establo y almacén, entre otras, solicitando a las autoridades las garantías necesarias.El Prefecto Álvaro Acuña Chopitea, en coordinación con el Ministro de Gobierno y Policía (hoy, Ministerio del Interior), Carlos Carrillo Smit, dispuso el traslado hacia Casa Grande de numerosos y bien pertrechados contingentes policiales y militares procedentes de Trujillo, Chocope y Talambo. La idea era “imponer el orden” a como diera lugar.
Fue así como al octavo día de huelga las fuerzas represivas actuaron a “sangre y fuego” dejando una secuela de muerte, sangre y dolor. Ante estos trágicos hechos, la dirigencia sindical azucarera, presionada por la dirección aprista departamental y nacional (la mayoría de los sindicalistas de Casagrande militaban en el Apra), levantó la huelga, después que Casagrande se vio obligada a “aceptar la renuncia” de Dávila y Vargas, dos de los trabajadores cuestionados.
El pueblo de Trujillo, en histórico Cabildo Abierto realizado en la plaza de armas, frente al palacio Municipal, en el que hicieron uso de la palabra De la Puente Uceda, Carranza Piedra, Fernández Gasco y otros ciudadanos, se solidarizó con los obreros de Casagrande exigiendo justicia y se acordó declarar duelo en Trujillo, izándose la bandera a media asta.
En aquella época gobernaba el país el Presidente Manuel Prado Ugarteche, apoyado por el partido aprista dentro del régimen denominado de la convivencia instaurado el 28 de julio de 1956. Uno de los Vice Presidentes de la República era Carlos Moreyra y Paz Soldán y como Primer Ministro estaba Pedro Beltrán Espantoso. Estos dos personajes eran conspicuos miembros de la Sociedad Nacional Agraria, gremio empresarial que en esa época representaba a los terratenientes y oligarcas peruanos, mejor dicho, a “los dueños del Perú” como fueran calificados por Carlos Malpica S.S.
Lógico era que el gobierno de la convivencia presidido por Manuel Prado, apoyara y defendiera a los Gildemeister que eran los más grandes terratenientes del país y los mayores productores en el Perú de azúcar y arroz, “propietarios”, además, de un puerto marítimo como Malabrigo y una vía férrea privada.
Cuando dos días después de la masacre, el 10 de septiembre de 1959, decenas de miles de trabajador marcharon al panteón de Casagrande para sepultar a sus hermanos caídos, se escucharon discursos ante los féretros: unos, pidiendo serenidad y calma a los trabajadores para salvaguardar la democracia que, según decían, estaba en peligro, como los pronunciados por Migdonio Esquerre, a nombre del sindicato; Leonidas Cruzado, por la Federación Azucarera; Santiago Tamariz, de la CTP; Teodoro Zavaleta, Alcalde Provincial de Trujillo, y Garrido Malaver en representación del Apra.
Otras intervenciones como la de Baltazar Senador, Secretario General de la Unión Sindical de la Libertad, y, especialmente, la sentida y vibrante alocución de Luís de la Puente Uceda, en representación de la juventud aprista, exigieron enjuiciamiento y sanción para los responsables de la masacre. De la Puente reclamó una reforma agraria efectiva con entrega de tierras a los campesinos y emplazó a los dirigentes de su partido para que deslinden con el gobierno reaccionario y oligárquico de Manuel Prado Ugarteche. Terminó exclamando: ¡Reforma agraria o muerte¡
De la Puente fue sometido a disciplina por la dirigencia aprista, con trámite de expulsión, Ese mismo día se convocó a la IV Convención Nacional del Partido Aprista Peruano la que debía realizarse del 10 al 12 de octubre de ese año.
Diez años después, el 24 de junio de 1969, el gobierno Militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado, expropió la hacienda Casagrande, dentro de las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, promulgada en esa fecha, convirtiéndose en una Cooperativa Agraria de Producción.
El 12 de octubre de 1959, un mes después de la masacre de Casagrande, en la IV Convención Nacional del Partido Aprista Peruano, realizada en Lima, Luís Felipe de la Puente Uceda y un importante núcleo de jóvenes dirigentes presentaron una histórica moción de crítica a la línea política de la convivencia sostenida por la dirección del partido. El documento no fue discutido democráticamente por el plenario y De la Puente y sus compañeros fueron expulsados del Apra.
Ese día surgió en el Perú una nueva corriente política que poco tiempo después se denominó Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que en 1965 tuvo gravitante actuación en una de las experiencias revolucionarias guerrilleras. Pero esa es otra historia que bien vale sea tratada y expuesta en otra oportunidad.
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