PATRIA LIBRE

EN DEFENSA DE NUESTRA COCA


El gobierno esta promoviendo la no aprobación de un proyecto de ley que autoriza la industrialización de la hoja de coca pulverizada, en forma de harina, y que ésta pueda ser comercializada en muy diferentes formas, como mates, ungüentos, caramelos, energizantes, galletas, panes, píldoras, etc.
Ha sido sustentado firmemente que el consumo de la hoja de coca de manera tradicional no puede ser convertido en delito, esto es parte de la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios, nuestra hoja de coca acompaña la vida cotidiana y ritual del hombre y la mujer andinos, la cultura andina se nutre de las montañas, de la tierra madre, y su espiritualidad se expresa a través de la hoja de coca.
El consumo tradicional de la hoja de coca en el mundo andino es, pues, un símbolo de identidad étnica y de integración cultural necesario para estas poblaciones, pues les permite una forma propia de ver el mundo y relacionarse con la naturaleza.
En la cosmovisión andina, todas las formas vivas son interpenetrables entre sí, el humano es sólo una de ellas, no existe un mundo de jerarquías sino un sistema de relaciones entre iguales en diálogo permanente, pues todos a su vez y en el conjunto tienen un solo propósito final: criar la vida, así como el humano recibe así también debe dar, debe devolver el bien que recibe y cuidar de la naturaleza, cuidar a la pachamama, que es la madre de todas las cosas que existen, y también al humano mismo, es la obligación primera.
Pero más allá de esto, en los últimos años se han ampliado las posibilidades para una serie de productos derivados, cuyo mercado puede ser aprovechado convenientemente, posicionándonos tanto en el mercado interno como para la exportación, especialmente en una coyuntura en la que necesitamos enfrentar los efectos de la crisis financiera diversificando nuestros productos y exportando con mayor valor agregado, a la vez que ofrecemos una alternativa legal a los campesinos cocaleros frente a la del narcotráfico.
Se pretende escandalizar a la opinión pública levantando el fantasma de que los traficantes usarían estas empresas como pantalla para enviar la droga al extranjero, que los cultivos crecerían para sostener esta industrialización, pero sobre todo que esta decisión iría en contra de los convenios internacionales firmados con anterioridad por el Perú.
Sin embargo es sabido que los carteles de narcotraficantes usarán y seguirán usando siempre cuanto negocio y cualquier medio que logren penetrar para ocultar sus actividades ilícitas, la industrialización de la coca solo sería una más de las actividades pasibles de ser utilizada, tan igual como las conservas de pescado o de frutas o las artesanías, no es la materia del negocio lo que lo hace útil para la infiltración de los delincuentes, sino la falta de control de las autoridades que deben encargarse de ello.
Por otro lado no es el crecimiento de los cultivos lo que debería preocuparnos sino el destino de los mismos, la hoja de coca no es una droga, no es alucinógena, no es dañina para la salud, por el contrario, los estudios recientes no hacen sino confirmar sus bondades energéticas y curativas, que ya nuestros ancestros supieron aprovechar.
El proyecto de industrialización privada de la hoja de coca por las asociaciones de campesinos no significa la absoluta libertad de producción, las autoridades tienen el deber de ejercer el control pertinente que la ley les provee, con la ventaja que tanto los productores, como insumos, plantas de tratamiento y producto final estarán plenamente identificados y regulados.
El gobierno peruano cometió un grave error al permitir que se penalice la hoja de coca en los tratados internacionales contra el tráfico de drogas, pero no se debe priorizar el acatamiento a los tratados por encima del interés patrio y los atributos de nuestra cultura nacional, solo con la finalidad de garantizar el dinero aportado por los norteamericanos en la lucha anti-drogas y por la inclinación genuflexa de nuestros gobernantes por agradarles. Ha sido siempre criticada la preocupación del gobierno norteamericano en controlar la producción en los países del tercer mundo, antes que controlar el consumo en su propio país, lo que le generaría graves consecuencias sociales; tienen mucho temor de aplicar en su casa la misma mano dura que no dudan en ejecutar en nuestros países.
¿Como es que el gobierno norteamericano no se preocupa en los tratados internacionales por el uso de la coca en una empresa transnacional como Coca Cola?; con todo derecho también tendríamos que exigir a la empresa Coca Cola los royalties que debería al Estado peruano por el uso de la coca en su esencia saborizante, lo cual teniendo en cuenta la cantidad de años y la amplitud del uso de la conocida bebida gasificada llegaría a una importante cantidad de dinero actualmente.
Es importante también hacer ver la doble moral que se maneja en la lucha contra los carteles del narcotráfico, pues mientras se ataca con todo el potencial del Estado a los campesinos pobres, que son el eslabón más débil de la cadena, promoviendo la erradicación forzada, quemando y desfoliando sus campos, los victimiza, los estigmatiza y los persigue duramente, Mientras del otro lado tratan con mucha delicadeza con el brazo financiero del negocio e incluso son en cierta medida permisivos con los traficantes de insumos que mueven ingentes cantidades de químicos delante de las propias narices de las autoridades encargadas del control respectivo.
Esta actitud, no solo de las autoridades peruanas, sino dentro del mismo gobierno norteamericano, se torna enormemente sospechosa porque irrumpir contra los pequeños productores y no aplicar la misma fuerza contra, no ya los jefes de los carteles, que suelen ser intercambiables cada cierto tiempo, sino contra los verdaderos beneficiarios del inmenso negocio que significa el tráfico ilícito, los que sustentan sus corporaciones financieras con el producto del dinero lavado, quiere decir atacar las ramas y no el tronco, permitiendo de esta manera que la actividad se mantenga, lo que aparenta más bien ser una acción para mantener elevados los precios del producto, es decir mantener también altos los índices de ganancia del negocio.
Recientemente el alcalde de Surquillo planteó aprobar un dispositivo legal que permitiera la venta legal y controlada de la droga, no es un planteamiento nuevo, ni disparatado, ya se ha ejecutado con relativo éxito en diversas partes del mundo. Merece ser estudiado y tenido en cuenta, examinando las opciones para su adaptación dentro de nuestro entorno social; está claro que el elemento de violencia y degradación del narcotráfico es aportado por su carácter ilegal. Es el riesgo del negocio lo que genera la increíble disparidad entre el costo de producción y el precio de venta y es esta increíble ganancia lo que atrae el accionar de los traficantes, que sobornan, extorsionan y asesinan para defender su empresa.
Si se trata de defender la salud del consumidor, tendríamos que objetar como otros tipos de drogas si son aceptadas social y legalmente, las estadísticas demuestran que la mayor causa de muerte por consumo de alcaloides la ostenta la nicotina, sin embargo nadie objeta su consumo, otro hito importante de muertes es a causa no solo del consumo, sino de los hechos colaterales al consumo del alcohol, nosotros podemos comprobarlo diariamente en las crónicas policiales de los diarios con los continuos accidentes de tránsito, reyertas fatales, dramas pasionales, etc.
Sigamos el valiente ejemplo de nuestros vecinos bolivianos, cuyo presidente se encuentra actualmente en Viena defendiendo una reconsideración específica de los convenios suscritos con la finalidad de despenalizar el uso tradicional de la hoja de coca.
El Perú no puede quedarse atrás en el esfuerzo para hacer reconocer la hoja de coca como un producto tradicional, emergente desde milenios de cultura andina, nuestros pueblos ancestrales lo reclaman.

¡¡ Coca SI !! …… ¡¡ Cocaína NO !!
Lima Marzo 2009
COMITE EJECUTIVO NACIONAL