A LA MEMORIA DE NUESTRA MEMORIA
Nuestros gobernantes acaban de negarse a aceptar una donación del gobierno alemán para construir un museo a la memoria de las víctimas de la guerra, con el pretexto que la muestra fotográfica Yuyanapaq es una versión sesgada de la realidad, afirmando equivocadamente que no se menciona a los miembros de las fuerzas armadas caídos en los enfrentamientos y si a los civiles y campesinos asesinados tanto por las acciones terroristas de Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas; los cuales configuran más del 80% de las víctimas.
Con ese razonamiento nunca se hubiera permitido la construcción del museo a la memoria de los judíos asesinados en los campos de concentración Nazi, por el hecho que solo representaba el punto de vista de los judíos y no de las demás nacionalidades que sucumbieron en la lucha contra la maquinaria Nazi, o el Gettysburg Memorial porque es el punto de vista de los sureños norteamericanos.
Es comprensible que el gobierno actual no acepte la idea de recuperar la memoria de las masacres del conflicto armado interno, porque es responsable de algunas de ellas. Las encuestas demuestran que dos tercios de los peruanos estamos de acuerdo con la construcción del museo mencionado, ya muchas personalidades políticas e intelectuales se han pronunciado en el mismo sentido e incluso el escritor Mario Vargas Llosa, a quien nadie podrá calificar de izquierdista o “caviar“ ha batido con su sarcasmo las declaraciones del Ministro de Defensa al respecto.
Nadie puede descalificar el derecho de las Fuerzas Armadas para recuperar la memoria desde sus efectivos caídos durante la guerra, pero nada les da el derecho a descalificar el derecho del resto de las víctimas a reivindicar a sus muertos. Con mayor razón cuando sabemos que mientras los miembros de las Fuerzas Armadas participaron en el conflicto, cumpliendo su deber, recibiendo un salario por el trabajo desarrollado, sabiendo que arriesgaban la vida en sus acciones, además, considerando que sus deudos reciben el reconocimiento y las pensiones económicas correspondientes a su grado, aún sabiendo que el Estado también ha maltratado a sus viudas, madres, a los y las huérfanos/as. Teniendo en cuanta además casos como el de Martín Rivas ascendido a un grado superior por su accionar criminal en el grupo Colina, el mismo Giampietri y Alan García, apoyados por todo el sistema y la estructura del Estado para no ser juzgados, por los delitos de lesa humanidad que cometieron.
Sin embargo nuestros hermanos campesino/as, estudiantes y trabajadores/as, se vieron envueltos en el conflicto, muchas veces sin opción en esta guerra, sin cobijo, sin escape, acechados tanto por las huestes de Sendero Luminoso como por las tropas militares que las combatían. Muchos de sus muertos no son reconocidos, están desaparecidos, sus deudos maltratados, estigmatizados. Nadie se preocupó, antes de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de otorgar la reparación que la legislación internacional reconoce para estas familias, la gran mayoría de ellas aún esperan que se haga justicia con los victimarios, que se les otorgue las reparaciones que les corresponde, el Estado que debió protegerlos los agravió, abusó de su poder los persiguió y aún lo sigue haciendo.
Son miles y miles de muertos a consecuencia de una injusta guerra que nos afectó por más de veinte años. No podemos regocijarnos por una sola de esas muertes, aún el más perverso criminal merece ser juzgado, pero nadie puede arrogarse el derecho de quitarle la vida.
La reconciliación dentro de nuestro cuerpo social, la construcción de un sistema justo, la defensa de la democracia, exigen de todos nosotros derribar los prejuicios y mezquindades, condenemos y castiguemos con justicia las atrocidades cometidas, ésta es la única garantía de que las desgracias del pasado no vuelvan a repetirse nunca más.
Pero la lección más importante que debemos sacar de todo esto es la importancia de ser tolerantes, sobre todo aprendamos que no todo aquel que piensa diferente que nosotros es nuestro enemigo.
El gobierno de García no quiere el Museo de la Memoria porque teme a la justicia. Los intereses personales de una parte u otra no pueden detener el progreso de nuestro país, la construcción de la democracia, la justicia, la inclusión.
Lima, Marzo 2009
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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